Por amplia mayoría, la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados despachó a ley el proyecto de Cumplimiento de las Obligaciones Tributarias, tras aprobar las modificaciones introducidas por el Senado, que visó la jornada anterior la iniciativa en particular. Este proyecto que fue enviado el 29 de enero de este año e inició su tramitación en marzo es un pilar sustancial del Pacto por el Crecimiento Económico (Pacto Fiscal) e integra el fast track económico priorizado por el Gobierno.
En su intervención en el hemiciclo, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, recordó que esta iniciativa “es parte de un conjunto mucho más ambicioso (Pacto Fiscal), que no solamente apunta a asegurar el cumplimiento de las obligaciones tributarias o emparejar la cancha para las pequeñas empresas que cumplen con sus obligaciones y generar recursos adicionales para invertir en materia social. Este es el proyecto más completo y comprensivo en materia de cumplimiento tributario que ha visto este Congreso en muchos años”.
En general este proyecto contempla una serie de medidas relacionadas con fortalecer la función fiscalizadora para combatir la evasión y la elusión de impuestos, modernizar la administración tributaria, flexibilizar el levantamiento del secreto bancario, fortalecer la Defensoría del Contribuyente, facilitar que los contribuyentes se pongan al día con sus obligaciones tributarias, enfrentar la informalidad y perfeccionar la gobernanza del Servicio de Impuestos Internos (SII), entre otras materias. Con la aplicación de estas propuestas se busca generar una recaudación de 1,5% del Producto Interno Bruto (PIB) para financiar prioridades sociales del programa del Presidente Boric.
Asimismo, la subsecretaria de Hacienda, Heidi Berner destacó los avances en institucionalidad: “Este proyecto representa un importante avance en materia de fortalecimiento de los servicios encargados de la administración tributaria: Impuestos Internos, Aduanas y Tesorería, tanto en dotación, movilidad y recursos tecnológicos como en atribuciones y modernización de sus procedimientos”.
La amplia mayoría en favor del proyecto obedece a las sucesivas instancias de diálogo que se abrieron durante el proceso legislativo ya que en el primer trámite en la Comisión de Hacienda de la Cámara se conformó una mesa de asesores, y luego, en la Comisión de Hacienda de la Cámara Alta, hubo una segunda mesa de asesores, cuyo trabajo resultó en la presentación de casi 70 indicaciones por parte del Ejecutivo, la mayoría aprobadas por amplio margen.
“Este es un momento que nos permite mostrar, que, incluso, a menos de un mes de una elección, somos capaces de ponernos de acuerdo respecto de reformas importantes que apuntan a generar equidad en materia de cumplimiento tributario, cerrar brechas, emparejar la cancha y contar con mayor justicia tributaria. Y, por otro lado, allegar recursos para responder a las necesidades de la ciudadanía, incluyendo el aumento de la PGU en el proyecto de reforma previsional, inversión en seguridad ciudadana y en el presupuesto para 2025 financiar materias relacionadas con salud y con cuidados”, agregó el ministro Marcel.
Con el proyecto de Cumplimiento de las Obligaciones Tributarias se estima una recaudación fiscal de 1,5% del PIB, equivalente a US$4.500 millones aproximadamente, en régimen, con los que se podrá financiar el aumento de la Pensión Garantizada Universal (PGU) a $250.000 (1,2% del PIB) y cumplir con los compromisos en materia de seguridad ciudadana. En conjunto con los recursos recaudados por el Royalty minero, se incrementará el gasto público en seguridad en US$ 1.500 millones, totalizando un incremento de 40% en inversión pública en seguridad, respecto de 2022.
El ministro secretario general de la Presidencia, Álvaro Elizalde, resaltó la aprobación de esta iniciativa: “Celebramos la aprobación de este proyecto, que es muy importante y consagra un principio básico: Ley pareja no es dura. Es decir, que todos en Chile cumplamos la legislación tributaria por igual. Y por tanto entrega herramientas para enfrentar la evasión y la elusión. Con esta ley, además, tendremos recursos adicionales para financiar desafíos sociales muy importantes”.
Asimismo, la subsecretaria Macarena Lobos indicó: “Como ministerio Secretaría General de la Presidencia contribuimos al despacho de esta importante iniciativa que permitirá financiar compromisos del Gobierno que mejorarán significativamente la vida de chilenos y chilenas. En ese contexto, vamos a seguir fomentando acuerdos para contar con una tramitación responsable y diligente en proyectos que apuntan a mejorar la seguridad pública, económica y social de la ciudadanía. Agradecemos la disposición de todos los sectores políticos en el Congreso y esperamos que este ánimo se replique”.
A nivel regional, el Seremi de Gobierno, Nicolás González, señaló que “sin duda, es una iniciativa robusta y como Gobierno buscamos garantizar que la evasión de impuestos se transforme en un problema para los evasores. Además, este avance también se relaciona con la Ley de Presupuesto 2025, logrando un aumento considerable de recursos, y por ende, podremos ver el futuro con mayor tranquilidad. Está aprobación también significa que sí se puede avanzar pensando en el bien común, aún cuando estamos ad portas de las elecciones, lo que demuestra que a través de un trabajo con conciencia social, podemos dejar atrás mezquindades políticas y avanzar como país”.
Contenido del proyecto
Del trabajo realizado en ambas cámaras, se aprobaron 24 materias por amplia mayoría, entre las que destacan la fiscalización de grupos empresariales, la posibilidad de establecer la trazabilidad en comercio de bienes, la ampliación de las medidas cautelares que puede solicitar el Servicio de Impuestos Internos (SII) y las normas del fortalecimiento a la Defensoría del Contribuyente (Dedecon), entre otras.
Respecto de las áreas donde hubo modificaciones, destacan los cambios al secreto bancario para el cual se mantiene el procedimiento simplificado sin oposición del contribuyente y se modifica el procedimiento judicial general mejorando sus plazos y suspendiendo la prescripción en favor del fisco. De esta manera, el levantamiento del secreto bancario armoniza con los procedimientos de fiscalización siendo una herramienta fundamental.
Asimismo, en Norma General Antielusiva (NGA), se mejoró el procedimiento en etapa administrativa y judicial, quedando una regulación coherente y sin vacíos de procedimiento asegurando su correcta implementación en el combate contra la elusión. En tanto, para el denunciante anónimo se mantuvo la recompensa, fijando un piso para su aplicación cuando el impuesto defraudado sea superior a $80 millones (100 Unidades Tributarias Anuales).
También se perfeccionó la gobernanza del Servicio de Impuestos Internos incorporando un Consejo Tributario que opinará sobre el plan de Gestión de Cumplimiento Tributario y las circulares sometidas a consulta pública, no obstante, la interpretación de la ley tributaria se mantendrá dentro de las facul