La Comisión de Hacienda del Senado despachó este miércoles el Proyecto de Ley sobre Convivencia, Buen Trato y Bienestar de las Comunidades Educativas, iniciativa que busca fortalecer el marco normativo vigente y garantizar espacios seguros, inclusivos y protectores en los establecimientos, propuesta que queda lista para ser votada en la propia Sala del Senado.
El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, valoró la aprobación y aseguró que “este proyecto no solo responde a una urgencia del sistema educativo, sino que instala una mirada de largo plazo: queremos que cada escuela sea un espacio seguro, donde la convivencia y el bienestar sean parte del aprendizaje”, dijo.
PRINCIPALES ASPECTOS
En Arica, el seremi Francisco Valcarce Llancapichún, destacó los principales aspectos del proyecto, el que establece un rol activo del Estado en la promoción del buen trato y la prevención del acoso, la violencia y la discriminación.
- Se crea la Política Nacional de Convivencia Educativa y un Plan de Acción Nacional con vigencia de 8 años, que orientará acciones interinstitucionales en coordinación con otros ministerios tales como Seguridad Pública, Salud y Mujer y Equidad de Género.
- El proyecto dispone la obligatoriedad de contar con un Coordinador o Coordinadora de Convivencia con dedicación exclusiva en todos los establecimientos que reciben aportes del Estado. Asimismo, se actualizan Reglamentos Internos y Planes de Gestión de Convivencia, incorporando medidas preventivas frente al consumo de drogas y violencia, además de mecanismos para la detección y derivación de casos críticos.
- Se refuerza el enfoque pedagógico mediante el fortalecimiento de las facultades de la Superintendencia de Educación, que asumirá un rol más activo en la fiscalización y acompañamiento preventivo. A esto se suma la creación del Sistema de Monitoreo de la Convivencia Educativa en la Agencia de Calidad, encargado de monitorear y entregar herramientas a las comunidades educativas.
- Por último, el proyecto profundiza el bienestar de los equipos educativos, actualizando la Ley General de Educación y el Estatuto Docente para garantizar espacios laborales seguros, libres de violencia, acoso y discriminación. Se incorporan protocolos obligatorios contra acoso sexual y laboral, en línea con la Ley N°21.643, además de procedimientos para la calificación de enfermedades profesionales asociadas a la salud mental.
